Como ya es de público conocimiento el ejercicio del Derecho no ha sido considerado como trabajo esencial, dentro de las medidas adoptadas por el gobierno, en donde manifestó restricciones laborales en distintos ámbitos.
Atento a cómo ha sido el movimiento social, tras el confinamiento, diferentes grupos de colegas han presentado variados y amplios fundamentos, para que desde el gobierno se levante la medida restrictiva para lograr la normalización del ejercicio del derecho en todas sus ramas.
Las propuestas a las que el Colegio de Abogados de Córdoba, acuerda y solicita al Tribunal Superior de Justicia, han sido basadas en la necesidad de continuar y restablecer el normal funcionamiento del servicio de Justicia, para que los colegiados puedan garantizar el sustento económico proveniente de su ejercicio profesional.
En dicho pedido se incluyen medidas de seguridad para los profesionales, como protocolos de seguridad sanitario, la libre circulación, la modalidad de teletrabajo y un análisis de los profesionales que pudiesen estar en riesgo de salud. Dejando, para este último de caso, el acceso del ejercicio a través de las herramientas tecnológicas disponibles.
Si bien los diferentes cuerpos colegiados de la nación, acuerdan que la salud es lo primero, resaltan la función ejercida desde su ámbito profesional y el servicio social que ofrecen. Los letrados, en el ejercicio profesional, intervienen en la defensa de las garantías, seguridades y derechos en los ámbitos laborales, comerciales, de familia, penales, viales y manifiestan la necesidad de circulación libre
Durante el confinamiento han surgido diferentes conflictos en materia de derecho familiar, dado las dificultades para mantener los vínculos filiales entre matrimonios no convivientes, así como las situaciones de violencia de género, exponiendo a las víctimas a convivir con su agresor, sin que se les pueda brindar un asesoramiento o defensa, que les permita mantener su seguridad psico-física.
Por otro lado, en el ámbito laboral, diferentes tipos de despido, o nuevas formas de pago han generado un impacto directo en la economía y estabilidad emocional de los Argentinos.
En materia de salud pública, han surgido los casos de aquellas personas que han sido privadas de su libertad y que requieren una revisión del riesgo al que se exponen ellos, y como consecuencia, al grupo de personas con los que conviven. Siendo necesario una minuciosa investigación respecto al estado y desarrollo de salud de la persona, para poder presentar un documento que avale la solicitud de prisión domiciliaria.
Manifestando estos emergentes, la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA) elevó una nota a la Ministra Losardo, solicitando la excepción de los profesionales del derecho del confinamiento obligatorio. A esto se sumó la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba (FeCACor) enviando una misiva al Tribunal Superior de Justicia proponiendo la reapertura de las sedes judiciales. No solo por la estabilidad económica de los profesionales, sino por lo necesario del ejercicio profesional en estos tiempos, en donde los cambios sociales han dado lugar a emergentes masivos y repentinos, a los cuales hay que dar respuesta, garantizando el derecho de todos los involucrados.
En contraposición a los pedidos de los colegiados se manifestó el presidente del Consejo de la Magistratura esbozando que si da lugar a dichos pedidos, la masividad que concurría a tribunales pondría en riesgo de contagio a una gran cantidad de personas.
Por su parte, el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), envió una solicitud a la Corte Suprema, en donde solicita que, por el bien de los trabajadores del Poder Judicial, se prorrogara el receso judicial por cuarentena. En consonancia con los representantes gremiales a nivel nacional, el dirigente Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ), manifestó que dar lugar al pedido de los cuerpos colegiados sería generar un desastre en la salud de los empleados judiciales, por lo que también solicitó continuar con el receso, argumentando que primero está la salud ante todo.
Sin embargo, hay estamentos judiciales, que con los recaudos necesarios, han podido ejercer la profesión para dar lugar a los emergentes antes mencionados. Se ha creado una Cámara “Coronavirus” desde el 28 de marzo que está constituida por tres vocales, 12 secretarios y 6 prosecretarios que realiza sus labores a través de teletrabajo y analiza las solicitudes de los privados de libertad que requieren resguardar su salud en un ámbito que les brinde mayores seguridades en cuanto a las posibilidades de contagios.
Este equipo ha detectado tres tipos de solicitudes, una real, en donde las características de la persona las coloca en la franja denominada de riesgo, otra en la que no se detecta el riesgo especificado y la tercera en las que se solicita cambios en la atención médica dentro de los nosocomios carcelarios. La cámara, que como se mencionó con anterioridad, surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de un segmento de la población, trabaja con un estricto protocolo de acción en cuanto al manejo de las solicitudes, desde la recepción de la misma, hasta la constatación.
Tras dichos análisis se ha informado que se ha dado lugar a sólo dos casos, de los cientos que se han recibido de prisión domiciliaria, dado que el virus no ha ingresado a las cárceles como consecuencia del cumplimiento estricto de las normas de seguridad provistas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Uno de los principales es la restricción de visitas, más allá de las medidas de cuidado sanitario que realizan los empleados que ingresan. También se ha pensado otorgar la posibilidad de realizar comunicación a través de skype, para no generar malestar psicológico y emocional a los reclusos, que ante esta pandemia, se ven más aislados aún.
Esta misma cámara “coronavirus”, con los protocolos, análisis, avances e innovaciones en su ejercicio, es la prueba de la posibilidad de continuar con el ejercicio profesional sin poner en riesgo a los involucrados en el proceso de atención de las necesidades. Si bien los colegiados acuerdan que lo más importante es la salud, de igual forma están surgiendo situaciones que exponen a la sociedad a transitar momentos de vulnerabilidad, dado que no pueden acceder a la defensa de sus derechos en situaciones de violencia, en sus diferentes manifestaciones, domésticas, económicas, laborales, comerciales, entre otras.